P-ES.- El periodista Julio César Vásquez Calle ha presentado en la fiscalía de la región de Piura (Perú) una denuncia contra unos agentes de policía y unos guardias de seguridad de una empresa minera que, según afirma, lo torturaron mientras informaba sobre una protesta en marzo de 2005. El 5 de febrero recibió una llamada telefónica de un hombre que le dijo que, si no retiraba la denuncia, lo matarían. Amnistía Internacional cree que tanto Julio Vásquez como los 28 miembros de las comunidades campesinas que han presentado la misma denuncia corren grave peligro.

Según la información publicada por Prensa Anticorrupción, el autor de la llamada dijo: “¿Desde cuando tu trabajo es ayudar a terroristas? Nosotros nos vamos a encargar de que te pudras en la cárcel si no te retractas, si no te retractas vas a llegar a la cárcel en pedazos”. Julio Vásquez ha denunciado que había recibido varias llamadas telefónicas esa misma semana pero, cuando él respondía, nadie hablaba.

Julio Vásquez y unas organizaciones locales de derechos humanos celebraron el 6 de enero una conferencia de prensa en Lima, en la que hicieron públicas una serie de fotografías que les habían entregado en mano y que habían sido tomadas durante la tortura que Julio Vásquez y 28 miembros de las comunidades campesinas de Piura habían sufrido en agosto de 2005.

Julio Vásquez trabaja para una emisora de radio local, Cutivalú, en la región noroccidental de Piura. El 1 de agosto de 2005 estuvo informando sobre una marcha pacífica organizada por habitantes de la región de Piura desde las comunidades campesinas de Segunda y Cajas y Yanta, en Piura, hasta el campamento de la empresa minera Majaz en la región de Río Blanco, en el norte de Piura, cerca de la frontera con Ecuador. La marcha en cuestión duró días.

Cuando los manifestantes protestaban ante el campamento, Julio Vásquez y otros 28, según afirman, fueron interceptados por la policía y conducidos al campamento, donde, al parecer, la policía y los guardias de seguridad que trabajan para la empresa minera los mantuvieron recluidos durante tres días y los torturaron. Según aseguran, los mantuvieron con los ojos vendados y les cubrieron la cabeza con unos sacos que contenían un polvo que los hizo vomitar y les dificultaba la respiración, y los golpearon. Las dos mujeres del grupo han denunciado que las agredieron sexualmente.

Desde 2006, Amnistía Internacional ha documentado varios casos de activistas que trabajan para proteger los derechos de las comunidades afectadas por proyectos mineros y que han sido acusados de delitos como, por ejemplo, terrorismo y han recibido amenazas de muerte. Ninguna de las amenazas se ha investigado adecuadamente, y no se ha llevado a nadie ante la justicia.

Enviado por PERIODISTAS-ES . http://p-es.org/